El profesor-arbitrista (I): Hablemos de las tasas universitarias

Hace unos meses escribí un par de posts titulados "El funcionario-arbitrista" en donde sugería formas de ahorrar dinero público sin recortar servicios básicos o despedir a la gente.

Hoy recuperaremos al funcionario-arbitrista en su faceta de profesor universitario. El motivo fundamental es que esta semana apareció un artículo de prensa que explicaba las dificultades de las autonomías para cumplir los objetivos de déficit en 2012. El texto decía literalmente que: “El gasto que muchos ven más factible de tocar es el de las universidades.” Asumiendo que así va a ser, seguiré el ejemplo de mi colega, profesor y bloguero, el Anecado, con quien coincido en muchas cosas y discrepo en alguna, dedicando una serie de entradas a proponer medidas para mejorar el equilibrio financiero de las universidades sin excesivo derramamiento de sangre o lágrimas.

Empecemos por las grandes cifras. Una universidad española se financia a través de seis partidas principales: tasas de matrícula, tasas por servicios prestados, como emisión de títulos y certificados, los cánones recaudados de las empresas que prestan servicios variados, como hostelería o copistería, los fondos de investigación, que financian la actividad y el material de muchos profesores y de los cuales la Universidad retiene una parte, los convenios de patrocinio con entidades públicas o privadas y, finalmente, las transferencias realizadas por la correspondiente Comunidad Autónoma, que constituyen el grueso de su financiación y es lo que los presidentes autonómicos se plantean recortar. Si esta partida disminuye, no quedará más remedio que compensarlo aumentando otras fuentes de ingresos o reduciendo gastos. Endeudarse no va a ser posible ya que el recorte responde, precisamente, al objetivo de reducir el déficit fiscal.

Empezando por los ingresos. Esta semana hemos sabido también que el Ministerio de Educación está estudiando una subida de las tasas universitarias. Se trata de un tema sensible y espinoso por sus repercusiones sociales, pero quizá sean ciertas dos cosas: La primera, que hay espacio para racionalizar las tasas universitarias actuales. La segunda, que hay formas mejoras y peores de hacerlo.

Hay espacio para racionalizar las tasas

Empezando por la primera, vamos a echar unas cuentas. En mi querida Complutense, la primera matrícula de un curso completo de Grado cuesta, en números redondos, entre 750 y 1.100 euros, dependiendo del grado de experimentalidad de los estudios. Esto quiere decir que un grupo de 60 alumnos de una carrera de baja experimentalidad, que es donde resulta más fácil hacer los cálculos, recauda 750x60=45.000 euros, lo que puede cubrir aproximadamente el coste laboral anual de un profesor de las categorías más baratas. Teniendo en cuenta que atender a este grupo ocupa la capacidad docente de unos tres profesores, ya pueden darse cuenta de que el “negocio” es pésimo. A este déficit hay que repercutirle, además, la parte correspondiente de la nómina del personal de servicios, la amortización de los inmuebles, los gastos de calefacción, etc. En términos generales, algunos cálculos indican que estos ingresos cubren un 15-20% coste real de la enseñanza.

Por tanto las tasas de matrícula actuales crean un déficit estructural muy importante, que debe ser compensado de otras formas. Esto no es en sí mismo ni bueno ni malo: la sociedad debe decidir qué Universidad quiere tener y cómo la financia. Lo que sí me parece negativo es que estas tasas incentiven la ineficiencia y el despilfarro de recursos. Les explico por qué.

Hace años explicaba una asignatura bastante dura que se llama “Programación Matemática” y que ayuda a entender los procesos de decisión económica. Cuando veía que los alumnos tenían el cerebro suficientemente tostado, procuraba dedicar unos minutos a algún juego mental que les refrescara sin salirme demasiado del tema de fondo: la forma en que los seres humanos tomamos decisiones. Uno de mis juegos favoritos era el siguiente.

Para preparar el terreno les preguntaba, con cualquier excusa, qué pensaban sobre las tasas universitarias. La opinión más frecuente es que eran excesivamente caras y que lo ideal sería una universidad “…gratuita y de calidad.”

Unos minutos después, les proponía describir el comportamiento de una persona normal  - ni un santo ni un demonio -  en una situación en la que come o no come, pagando la comida o siendo invitado por alguien que no está sentado a la mesa. Planteado así el problema, llegábamos por consenso a un cuadro sobre el comportamiento esperado de esta persona parecido al siguiente:

En este punto les decía: “Hablemos nuevamente de tasas de matrícula. Haremos el mismo cuadro pero, en vez de comer, se tratará de educarse en la Universidad.” Naturalmente, el resultado era:

Salirse por las buenas esta emboscada era bastante difícil: en aquéllos tiempos solían venir a clase del orden de un 20% de los alumnos matriculados. Hubo quien recurrió al cinismo: “Pienso así porque, como yo estoy estudiando, me conviene que sea otro quien pague.” En estas circunstancias felicitaba al alumno por sus dotes de economista y le reprochaba su escasa visión de futuro: en pocos años sería él quien pagase, como contribuyente, el banquete de otros.

Esto me lleva a que un coste de matrícula excesivamente reducido conduce a desperdiciar oportunidades   - lo que estaban haciendo el 80% alumnos ausentes -  e impide a quienes pagan las tasas, los padres en la mayoría de los casos, se den cuenta del escaso retorno que obtienen de este gasto.

Hay formas mejores y peores de aumentar las tasas.

Entremos pues en el segundo de los temas que les planteaba: ¿cómo aumentar las tasas de matrícula? Aceptemos que las matrículas van a subir y que será una decisión muy polémica. Admitamos también que no todas las formas de subirlas tienen los mismos costes sociales.

Por ejemplo, cuando uno habla de tasas universitarias, automáticamente se piensa en las de los grados, que es como se llaman actualmente las antiguas licenciaturas. Pero es que también hay una oferta amplia de estudios de postgrado (máster, formación continua, doctorado…) Particularmente, creo que los programas de postgrado orientados al ejercicio profesional deberían tener un coste realista. No soy capaz de entender qué interés social tiene financiar con fondos públicos un MBA (Master en Administración de Negocios) pero mi Universidad, sin ir más lejos, así lo hace. Se trata de estudios que cualifican para empleos cuyo retorno revierte en el estudiante, por lo que es el estudiante quien debería cubrir su coste.

Esta idea puede ser moderada de distintas formas. Por ejemplo, premiando a los mejores estudiantes con la devolución total o parcial de sus tasas. O mediante un sistema de “préstamos al honor,” a devolver cuando el egresado consigue un empleo y que son, en la práctica, un impuesto diferido, que satisface quien se beneficia del servicio en vez de el conjunto de la sociedad. Y me parece que esta idea de que pague quien come encaja divinamente con los postgrados profesionales. Les guste o no a los postgraduados.

Asimismo me gustaría que las tasas de matrícula se encarecieran mucho a medida que se van agotando convocatorias. Los incrementos actuales, que pueden ser del orden de un 30% por cada dos convocatorias agotadas, me saben a poco dado el bajísimo nivel de partida.

Puede ser razonable invertir una cantidad de dinero público en subvencionar la primera matrícula de un alumno en una asignatura pero… ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Cada matrícula da derecho a ser examinado dos veces, por lo que quien se matricula por tercera vez ha suspendido cuatro exámenes o, peor aún, no se ha presentado. ¿Debemos pagar entre todos el banquete de este alumno?

Por último, creo que hay un amplio espacio para mejorar los servicios administrativos y académicos (por ejemplo, expedición de títulos y certificados, convalidaciones…) y cobrar tasas por prestarlos. Actualmente algunos de estos servicios son de pago, otros son gratuitos, y se prestan en general mediante procesos manuales muy pesados, lentos y costosos. Creo que aquí hay también una oportunidad no despreciable para recuperar algunos de los fondos que se pierdan, sin que el impacto recaudatorio sea absurdo o prohibitivo.

Frente a planteamientos economicistas como el que acabo de hacerles, hay quien objeta que este tipo de medidas repercute de forma especial sobre las familias económicamente más desfavorecidas. Y hay que reconocer que así es, igual que hay que reconocer que los menos favorecidos suelen ser empleados por cuenta ajena, que son quienes soportan la mayor carga fiscal. Si hay que tener en cuenta a estas familias cuando se trata de cobrar tasas universitarias, me parece doblemente oportuno acordarse de ellas a la hora de recaudar impuestos para cubrir un gasto público poco productivo.

Otra argumento que se usa con frecuencia para defender unas tasas universitarias reducidas, es el de igualdad de oportunidades: si la Universidad es barata, todos tendrán la oportunidad de acudir a ella, favoreciendo el progreso económico de quienes proceden de familias humildes. No sé a ustedes. A mí me parece poco razonable abaratar la Universidad a todos  - ricos y pobres -  para favorecer el progreso económico y social de algunos. No hay que pensar mucho para encontrar formas más eficientes para conseguir el mismo efecto: por debajo de un cierto nivel de renta, las tasas de matrícula se deducen de la cuota del IRPF y a correr...

Pues aquí dejamos el tema por hoy. En una próxima entrada buscaremos juntos otras oportunidades para mejorar la eficiencia de nuestro ligeramente caduco  - pero aún valioso -  sistema universitario.

Hasta entonces, les deseo lo mejor.