El eurolaberinto de precios del libro electrónico (segunda parte)

La semana pasada le dedicamos un rato a hablar de dos distorsiones que afectan al mercado del libro electrónico europeo. La primera es que las grandes editoriales, con la ayuda ocasional de algunos gobiernos, están imponiendo progresivamente el modelo de agencia, según el cual la editorial fija el precio final del libro y le cede un 30% del mismo al distribuidor minorista. La segunda es que el IVA del libro electrónico en Europa sigue siendo muy superior al del libro de papel, ya que se considera que un libro digital es un producto de software.

Estos son los hechos. Hoy toca interpretar esta historia que, en mi opinión, está más relacionada con unos intereses empresariales mal informados y peor defendidos que con la defensa del bienestar general o de la cultura.

Empezaré rescatando algo de lo que me explicaron mis profesores en las lúgubres aulas de la Facultad de Económicas: el concepto de "competencia perfecta". Este término se utiliza en Economía para referirse a una situación ideal en que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio tiene la capacidad de manipular el precio en el mercado  - son “precio-aceptantes” -  gracias a lo cual se produce una situación ideal  - “equilibrio competitivo” -  en que las empresas producen de forma eficiente y los consumidores consiguen los máximos niveles posibles de bienestar. En sentido contrario, la literatura sobre fallos de mercado describe una serie de situaciones indeseables  - monopolio, oligopolio o monopsonio -  en que la capacidad de productores o consumidores para influir en los precios da lugar a ineficiencias y pérdidas de bienestar.

En general, nuestra sociedad acepta que es deseable preservar la competencia, y por ello crea organismos judiciales (por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Competencia) y reguladores (verbigracia, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones) entre cuyas funciones está la de proteger este preciado bien. Una de las actuaciones más frecuentes para ello consiste en penalizar mediante multas cualquier intento de concertación o manipulación de precios. En los países anglosajones, este tipo de delitos económicos puede llegar a suponer penas de cárcel.

¿Es esto así en todos los mercados? … pues va a ser que no. Los contenidos culturales son, como siempre, la excepción y lo que les contaba la semana pasada sobre el modelo de agencia es un buen ejemplo de ello: nos encontramos con que unas enormes editoriales imponen al vendedor tanto el precio final como el margen de comercialización.

Imaginemos que un día leemos en el periódico que las grandes operadoras de telecomunicaciones se han puesto de acuerdo en un modelo que les permite fijar el precio por cada minuto que comercializan los revendedores de llamadas y el margen de beneficio de los mismos. ¿Qué pasaría? Pues indignación generalizada entre el público e intervención fulgurante de las autoridades para prohibir tamaño desafuero e imponer severas multas. ¿Qué ocurre cuando estos mismos hechos ocurren en el mercado editorial? Indiferencia generalizada entre el público e intervención de algunos gobiernos, como el francés, para imponer este modelo a golpe de legislación.

El principal argumento que se usa para justificar este tipo de excepciones es bien conocido: la cultura no puede tratarse como una mercancía más, en la medida que posee valores intrínsecos que la diferencian de los demás bienes. El carácter meritorio de los bienes y servicios culturales implica, desde el punto de vista de la regulación, que se requiere fomentar tanto su producción como su consumo.

Suscribo totalmente el argumento anterior y creo que justifica convincentemente la subvención de representaciones del teatro español del siglo de oro, por ejemplo. Se me escapa sin embargo qué tiene que ver la cultura con una industria editorial privada que vive fundamentalmente de producir y vender best sellers. Señores gobernantes: esa no es la industria cultural, sino la de ocio, y sus productores no merecen un trato ni mejor ni peor que el de los empresarios circenses o de parques de atracciones.

Otro argumento que se usa a veces para justificar el modelo de agencia alega que, en realidad, fomenta la competencia, ya que permiten subsistir a los pequeños agentes del sector  - libreros y editores -  fomentando pues una oferta diversa y competitiva que, en caso contrario, caería en manos de las grandes multinacionales, que impondrían los precios a su antojo. Tiene guasa: ¿el modelo de precios que imponen unas multinacionales evita que las multinacionales conquisten el universo? Se trata de un ejercicio puro y duro de manipulación de precios y márgenes. En este nuevo mundo digital lo que frena los abusos en precios no es la pequeña empresa, sino la piratería.

Cada uno es libre de tener su opinión sobre estos temas. La mía es que estamos asistiendo a un episodio más de lo que en un post pasado llamaba la rebelión de los amanuenses. Un movimiento concertado por parte de un lobby de editores europeos que actúa para frenar el desarrollo del mercado legal de libros electrónicos. Este lobby impulsa y aplaude abortos como la ley francesa de marzo de 2011 o el mantenimiento de unos tipos de IVA punitivos para el libro electrónico. Se trata de una conspiración contra los intereses de los consumidores, concertada a la luz del día y que cuenta con el apoyo de las autoridades. Peor aún, se trata de una conjura de los necios, que sólo conseguirá al final estimular y consolidar la piratería: los editores, políticos y reguladores sólo tienen que analizar el ejemplo de la industria musical para valorar lo que esto significa.

Pero no todas las administraciones son igual de tolerantes. Parece que la Comisión Europea tomará cartas en el asunto del precio de los libros digitales. En Febrero de 2011 un equipo de funcionarios de la Comisión registraron las oficinas de varios editores europeos argumentando que tenían indicios de que podrían haber violado las reglas antitrust de la Unión Europea. Asimismo, algunos editores han declarado que las autoridades están analizando el impacto competitivo del modelo de agencia y la nueva ley francesa la cual, además, podría violar los tratados de libre comercio con EE.UU.

Pues en esas estamos: si nuestra globalizada economía decae, nos despiden porque hay que ser eficientes y competitivos. En cambio, si queremos comprar un libro electrónico para olvidar las amarguras del paro, tenemos que pagar un pastizal porque algunos editores lo quieren, ciertos gobiernos lo permiten y el libro electrónico no es un libro, sino software. No sé a ustedes pero, si la Comisión Europea no lo remedia, a mí se me va a poner cara de vaca lechera ...