La Ley Sinde no habría funcionado

Recientemente el Gobierno se ha visto obligado a eliminar del proyecto de Ley de Economía Sostenible el articulado de la mal llamada Ley Sinde. Esta "Ley" les parecía a unos muy bien y a otros muy mal. Al Arbitrista le parecía más mal que bien pero, sobre todo, le parecía perfectamente inútil. Vamos a ver por qué.

La Ley Sinde tenía un problema en su raíz: se basa en leyes y procedimientos jurídicos eficaces territorialmente, pero que parecen espléndidamente inútiles cuando se supone que deben afectar a una entidad deslocalizada como es Internet. No soy especialista en el tema, pero como votante me gustaría que la Ministra nos explicara cómo se cierra una WEB, propiedad de una empresa extranjera y alojada en un servidor de otro país.

Precisamente por este motivo otras normativas antidescargas  - como es el caso de las leyes francesa y británica -  actúan contra el usuario final, que sí está localizado físicamente y es susceptible de ser controlado por su proveedor de acceso. En estos países ha sido políticamente posible legislar así porque en ellos hay una menor tolerancia social al acceso a contenidos ilícitos. En nuestro caso dudo que los partidos políticos se metan en el avispero de actuar contra los consumidores, sobre todo en período preelectoral.

Por estas razones, creo que la primera consecuencia práctica de la Ley Sinde hubiera sido la migración en masa de las páginas de descargas lucrativas que aún queden en España a localizaciones off-shore, sin que esto hubiera supuesto para sus propietarios más que una molestia menor.

En el caso de las páginas y foros amateur (sin ánimo de lucro) la medida hubiera sido inicialmente más eficaz, pero se habría topado pronto con una segunda dificultad: ¿qué le hubiera impedido a los amateurs continuar compartiendo contenidos ilegales usando otras tecnologías, como redes P2P? El acceso hubiera sido algo más incómodo, pero hubiera seguido siendo posible, en cuyo caso la Administración hubiera tenido que seguir legislando contra las redes P2P y así sucesivamente.

Al final del día: el único resultado perdurable tras este desafuero legislativo es un instrumento legal para que el Gobierno de turno cierre WEBs con escasas garantías procesales. No sé ustedes: yo puedo llegar a fiarme de "un Gobierno," pero nunca de "el Gobierno," en abstracto.

Por tanto: si actuar contra las WEBs de descarga es ineficaz y actuar contra los consumidores es políticamente inviable ¿qué les queda a los autores?

Lo único que tengo claro acerca de cómo abordar este problema tan complejo y espinoso se reduce a:

1. A los creadores de contenidos les convendría tener unos representantes, tanto profesionales como políticos, más "digitales" y menos "analógicos"
2. Los consumidores demandan contenidos digitales, accesibles de forma cómoda y a un coste que refleje la eficiencia de los canales digitales (en un post previo acerca del precio de los libros electrónicos desarrollo más esta idea)
3. No conozco ningún consumidor que esté dispuesto a sacar la tarjeta de crédito cada vez que quieran ver una película, leer un libro o escuchar una canción digital: las fórmulas y medios de pago deben ser cómodos y transparentes

Seguiré pensando sobre este problema. Si se me ocurre algún Arbitrio que no sea trivial para resolverlo, ya saben dónde podrán leerlo, eso sí, sin pagar derechos de autor.